IVA Diferenciado: ¿Justicia Social o Trampa Fiscal?
Introducción
En Chile, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) constituye uno de los pilares de la recaudación fiscal. Representa más del cuarenta por ciento de los ingresos tributarios y cerca del ocho por ciento del PIB. Su diseño —basado en una tasa general del 19% y con un alcance prácticamente universal sobre el consumo— ha permitido mantener un flujo de ingresos estable para financiar políticas públicas esenciales.
No obstante, la percepción de que el IVA es un impuesto regresivo ha dado fuerza a una discusión recurrente: la posibilidad de introducir un IVA diferenciado, es decir, aplicar tasas reducidas o exenciones en bienes considerados básicos, como alimentos, medicamentos o transporte. La idea parece intuitivamente justa, pero la evidencia demuestra que se trata de una medida costosa, ineficiente y que en muchos casos termina beneficiando más a los sectores de mayores ingresos.
El mito del IVA diferenciado
La propuesta de reducir el IVA en productos esenciales parte de una premisa aparentemente lógica: si los bienes de primera necesidad son más baratos, los hogares de menores ingresos estarán en mejores condiciones de acceder a ellos. Sin embargo, la realidad es distinta. En la práctica, los sectores de mayores ingresos consumen más en volumen, en calidad y en variedad de esos mismos bienes, por lo que terminan capturando una mayor proporción del beneficio fiscal.
La experiencia internacional confirma este efecto. En México, por ejemplo, la tasa cero aplicada a alimentos y medicinas representa una pérdida recaudatoria cercana al dos por ciento del PIB anual. Sin embargo, el setenta por ciento del beneficio es absorbido por los hogares más ricos. La paradoja es evidente: una política pensada para favorecer a los más vulnerables termina subsidiando principalmente a quienes menos lo necesitan.
A esta mala focalización se suma un segundo problema: la pérdida de recaudación. Los Estados que optan por tasas diferenciadas deben compensar ese menor ingreso fiscal de alguna manera, ya sea aumentando otros impuestos —que suelen ser más distorsivos—, recortando gasto público o incrementando la deuda. En todos los casos, la sociedad en su conjunto termina pagando un costo elevado por una medida mal diseñada.
Un tercer efecto negativo es la complejidad normativa que introduce este tipo de esquemas. La necesidad de clasificar miles de bienes y servicios en distintas categorías abre espacio a la litigiosidad, a la evasión y a la elusión. No son pocos los casos en que las empresas buscan reclasificar sus productos para acceder a tasas reducidas, generando un círculo de incertidumbre legal y fiscal que erosiona la confianza en el sistema.
Lecciones internacionales
Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Mundial, han sido consistentes en sus recomendaciones: un buen IVA debe tener una base amplia, una tasa única y mecanismos de compensación específicos para los hogares vulnerables.
La evidencia comparada es clara. Países como Nueva Zelanda, que aplican una tasa única del 15% sin exenciones, logran una recaudación superior al 8% del PIB con niveles de evasión mínimos. En contraste, naciones con sistemas multitasas, como India o Brasil, enfrentan mayores dificultades de control, tasas de evasión que superan el veinte por ciento y una litigiosidad constante que debilita su administración tributaria.
En América Latina, Uruguay ha mostrado que la simplicidad normativa, combinada con herramientas tecnológicas como la factura electrónica, permite elevar la recaudación y reducir la evasión sin necesidad de multiplicar las tasas. Canadá, por su parte, mantiene una tasa uniforme a nivel federal, pero corrige la regresividad del impuesto mediante un crédito directo a los hogares de menores ingresos.
La alternativa: un IVA simple con devolución focalizada
La alternativa al IVA diferenciado no es resignarse a un sistema regresivo, sino utilizar mecanismos de devolución focalizada. El principio es simple: se mantiene una tasa única de IVA para todo el consumo, asegurando así eficiencia recaudatoria, y el Estado devuelve parte de lo recaudado directamente a los hogares vulnerables.
Este diseño ofrece ventajas claras. En primer lugar, es equitativo, porque el beneficio llega exclusivamente a quienes lo necesitan, en lugar de subsidiar de manera transversal a toda la población. En segundo lugar, es fiscalmente sostenible, ya que no erosiona la base del impuesto ni compromete los ingresos públicos. En tercer lugar, es transparente, porque la ayuda se entrega de manera explícita y medible, evitando subsidios implícitos que muchas veces pasan desapercibidos.
Chile ya cuenta con las herramientas necesarias para implementar un esquema de esta naturaleza. El Registro Social de Hogares, la digitalización de los sistemas de pago y la masificación de las transferencias electrónicas permiten focalizar los apoyos con precisión. El desafío es político y comunicacional: mientras las exenciones “suenan justas” al ciudadano, las transferencias directas suelen percibirse como asistencialismo. Superar esa brecha requiere educación tributaria y una comunicación clara sobre los beneficios de un sistema más eficiente y progresivo.
El desafío para Chile
La discusión sobre el IVA diferenciado llega en un momento de alta presión social por mayor gasto público. Sin embargo, optar por tasas reducidas implicaría una pérdida significativa de ingresos, un aumento de la evasión —hoy estimada en torno al trece por ciento— y un debilitamiento de la simplicidad normativa que caracteriza al actual IVA chileno.
La verdadera reforma debe apuntar en otra dirección: mantener la solidez de la recaudación y, al mismo tiempo, corregir la regresividad mediante mecanismos focalizados. Un IVA simple, acompañado de transferencias directas bien diseñadas, no solo asegura justicia tributaria, sino que fortalece la sostenibilidad fiscal en el largo plazo.
Conclusión
El IVA diferenciado es un ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden derivar en malas políticas. Aunque busca aliviar la carga de los hogares más pobres, termina beneficiando a los más ricos, debilitando la recaudación y aumentando la evasión. La alternativa más eficaz no pasa por complicar el impuesto, sino por mantenerlo simple, universal y transparente, complementándolo con compensaciones focalizadas que lleguen a quienes realmente lo necesitan.
En VGR Tax & Advisors creemos que un sistema tributario justo no es aquel que se guía por intuiciones políticas, sino el que se construye sobre principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Solo con reglas claras y políticas bien diseñadas se puede garantizar que los impuestos cumplan su verdadero objetivo: financiar un Estado que promueva el desarrollo económico y la cohesión social.
